Falta de voluntad política tiene paralizado al SEA de Chihuahua

Chihuahua.- El hombre del traje oscuro y corbata azul se levantó de su silla, caminó al podio y dijo, después de poner los lentes sobre su nariz y ver la hoja entre sus manos: “El objetivo es que ningún acto de corrupción en el estado de Chihuahua quede impune, y que todos aquellos que hayan utilizado para beneficio personal los bienes de los chihuahuenses, enfrenten a la justicia”.

El panista Javier Corral Jurado tomó protesta como gobernador de Chihuahua sucediendo al priísta César Duarte, actualmente buscado por la Interpol en 190 países, por presunto peculado agravado por el desvío de al menos mil 200 millones de pesos del presupuesto público del estado. Desde su campaña y en el acto de la mañana del 4 de octubre de 2016, Corral se sumió en un discurso afianzado en el combate a la corrupción, la búsqueda de justicia y la reparación de los daños.

El gobernador Corral prometió, entonces, que Chihuahua sería ejemplo a nivel nacional en la implementación y ejercicio del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA). “Vamos a presentarle al Congreso un Sistema Estatal Anticorrupción, que en varios sentidos irá más allá del Sistema Nacional Anticorrupción, hay muchas cosas que le faltaron al nacional, que nosotros vamos a implementar acá”, dijo el 5 de septiembre de 2017. Y no solo no ha sido así, sino al contrario. El aparato se encuentra trabado en partes esenciales para la denuncia y el acceso a la justicia, así como en la fiscalización de las cuentas públicas.

La Ley Estatal del Sistema Anticorrupción se publicó el 21 de octubre de 2017, un año después de la toma de posesión del mandatario panista, siendo, junto a Veracruz, uno de los últimos estados en implementarlo, pero aun así los avances lucen magros: en los primeros días de junio no se había integrado el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) ni se había aprobado la reforma a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas local. Y como el presupuesto apenas alcanza para pagar los salarios de los integrantes del SEA, no se ha invertido en campañas para que los ciudadanos conozcan dónde y cómo presentar denuncias de corrupción.

Integrantes del Sistema Anticorrupción de Chihuahua y dirigentes de organizaciones civiles aseguran que ni el gobernador Javier Corral ni el Congreso local han mostrado voluntad política para que se aprueben las leyes necesarias que permitan el adecuado funcionamiento del SEA, lo que ha derivado en un sistema que se implementa lentamente y funciona a medias.

Pues a pesar de que se han expedido ocho de los nueve instrumentos jurídicos para armonizar el SEA con el Sistema Nacional Anticorrupción, la falta del Tribunal de Justicia Administrativa local impide el funcionamiento óptimo del sistema. Aunque el 23 de mayo pasado se publicó la convocatoria para designar a los tres magistrados que han de dirigir el Tribunal de Justicia Administrativa, en el Congreso el asunto se mantenía en suspenso y en espera de una resolución.

Para la coordinadora de la Comisión Anticorrupción del Congreso local, Ana Carmen Estrada García (Morena), el letargo en la publicación de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas local no se debe tanto a la falta de voluntad política del Congreso o del gobernador, sino que se justifica en “lo complicado que es en sí misma, en lo compleja que es, por lo que no van a sacarla al vapor”, dijo.

Actualmente el gobernador controla, de facto, los procesos de denuncia de faltas administrativas y su sanción, al hacer totalmente responsable de la materia a la Secretaría de la Función Pública local. Así ocurre en los hechos, debido a la falta de instalación del nuevo Tribunal de Justicia Administrativa y el letargo en la adopción local de la Ley General de Responsabilidades Administrativas cuyas disposiciones son de orden nacional, así como en la promulgación de la Ley Orgánica del TJA.

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